El Tribunal Supremo mediante un auto de fecha 1 de julio de 2019, ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad respecto de los artículos 107.1, 107.2.a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales por su posible oposición a los principios de capacidad económica y, específicamente, el de prohibición de confiscatoriedad que proclama el artículo 31.1 de la Constitución Española.

Las dudas del Tribunal Supremo acerca de la constitucionalidad de la norma giran en torno a la fórmula de cálculo que utilizan los ayuntamientos para determinar la base imponible del impuesto de plusvalía municipal, ya que considera que «la aplicación de esa forma de determinación de la base imponible puede dar lugar -y, de hecho, así sucede en el asunto que analizamos- a que la plusvalía efectivamente obtenida como consecuencia de la transmisión onerosa de un inmueble sea de importe inferior -con frecuencia, incluso, notablemente inferior- a la cuota tributaria que resulta de la aplicación de aquellas reglas».

Con anterioridad, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid planteó cuestión de inconstitucional en iguales términos. 

El Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre la forma de cálculo de la plusvalía municipal

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