De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo nº 4334/2020, nº recurso 4055/2019, de 17-12-2020,  la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en:

Precisar el alcance de la expresión «rendimientos declarados por el contribuyente» contenida en el artículo 23.2 de la Ley 35/2016, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, a efectos de la aplicación de la reducción sobre los rendimientos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda.

El artículo 119 de la Ley General Tributaria establece que la declaración tributaria es todo documento presentado ante la Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos.

Dicha declaración puede rectificarse antes de que finalice el período reglamentario de declaración.

El artículo 120 de la Ley General Tributaria dispone que las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar.

Estas autoliquidaciones pueden ser verificadas y comprobadas por la Administración, pudiendo resultar una liquidación provisional.

La regularización de una autoliquidación ha de ser integra, tanto en lo que beneficia al contribuyente como en lo que le perjudique. Ello sin perjuicio de la potestad sancionadora de la Administración por la declaración extemporánea, o por la falta de esa declaración.”

En consecuencia, la expresión «rendimientos declarados por el contribuyente» contenida en el artículo 23.2 de la Ley 35/2016, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, a efectos de la aplicación de la reducción del 60% sobre los rendimientos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda», ha de responderse en el sentido de que tal limitación se refiere a las declaraciones, y no a la comprobación de las autoliquidaciones».

Por tanto, los contribuyentes que no hubieran declarado los ingresos procedentes del alquiler de viviendas, tienen derecho a aplicar una reducción del 60% sobre el beneficio, si posteriormente Hacienda les notifica que no se han declarado tales ingresos.

Reducción sobre los ingresos procedentes del alquiler de viviendas

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