Los contratos de arrendamiento de vivienda están exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido pero tributan por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

El inquilino es el obligado al pago. No obstante, el propietario de la vivienda es responsable subsidiario si ha cobrado la renta de un mes y no ha exigido al inquilino justificante de haber pagado el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

La base imponible es la cantidad total que haya de satisfacerse por todo el período de duración del contrato.

Cuando no constase aquél, se girará la liquidación computándose seis años, sin perjuicio de las liquidaciones adicionales que deban practicarse, caso de continuar vigente después del expresado período temporal.

En los contratos de arrendamiento de fincas urbanas sujetas a prórroga forzosa se computará, como mínimo, un plazo de duración de tres años.

La legislación estatal prevé una tarifa. No obstante, las comunidades autónomas pueden establecer otra distinta.

La tarifa estatal es la siguiente. Se aplica sobre la base liquidable:

Hasta 30,05 euros          0,09

De 30,06 a 60,10           0,18

De 60,11 a 120,20          0,39

De 120,21 a 240,40         0,78

De 240,41 a 480,81         1,68

De 480,82 a 961,62         3,37

De 961,63 a 1.923,24      7,21

De 1.923,25 a 3.846,48    14,42

De 3.846,49 a 7.692,95    30,77

De 7.692,96 en adelante, 0,024040 euros por cada 6,01 euros o fracción.

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales puede pagarse de dos maneras:

1. Comprando un modelo de contrato de arrendamiento de vivienda en los estancos.

2. A través del modelo 600, que se paga en las entidades financieras. Hay un plazo de 30 días hábiles, a contar desde la firma del contrato de arrendamiento de vivienda, para presentarlo en la hacienda de la comunidad autónoma donde esté situado el inmueble.

Contrato de arrendamiento de vivienda

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